Tuve un perro, un pastor alemán que se llamaba Ron, o él me tuvo a mí, no lo sé. Un animal precioso del que aún hoy, años después de su muerte, me cuesta hablar sin emocionarme. Ron, que era cariñoso, juguetón y muy inteligente, solía sin embargo actuar de una manera peculiar cuando quería esconderse: Se iba al comedor y metía la cabeza debajo de las cortinas, mientras todo el resto del cuerpo, el inmenso lomo y las patazas quedaban al descubierto. Creía que no le veíamos y que podía librarse así de la bronca si había roto algo. Era su estrategia para huir de los problemas. La táctica de Ron no es exclusiva ni de mi perro, ni del mundo animal. 

El pasado martes 28 de julio se supo que Justicia no indemnizará a Ángela González, cuya hija Andrea de siete años fue asesinada por su padre durante un régimen de visitas abierto, sin supervisión, en el 2003. Ángela había interpuesto 30 denuncias contra su ex marido, Felipe Gascón, por malos tratos; la primera de ellas, cuando estaba embarazada. La ONU condenó a España por no proteger a Ángela y a su hija ni indemnizarla por el irreparable daño sufrido. Era la primera vez que un tribunal internacional fallaba contra España en un caso de violencia de género. Tras conocerse el martes que no se indemnizará a Ángela González porque se había desestimado el recurso extraordinario de revisión el ministro de Justicia, Rafael Catalá afirmó: “No hay responsabilidad directa por mal funcionamiento de la administración de Justicia”. Eso sí, calificó los hechos como “lamentables”. 

Así que un maltratador asesina a su hija de siete años de tres disparos en un régimen de visitas sin supervisión después de haber sido denunciado en 30 ocasiones, pero nada ha fallado, nadie tiene responsabilidad más allá del asesino, todos los filtros funcionaron, según Justicia. Se esconde Catalá detrás de la cortina de sentirlo mucho y que sea muy lamentable, pero deja escapar la ocasión de afrontar el problema y ponerse manos a la obra para que algo así no pueda volver a suceder. De hecho, ni disculpas han pedido a la señora González.

Según el Consejo General del Poder Judicial, los jueces solo dictaminan la suspensión del régimen de visitas en el 3% de los casos de violencia de género. Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la violencia de género ha repetido en numerosas ocasiones: “Esto demuestra que en la práctica persisten los estereotipos y la falta de credibilidad de la mujer. Hay que derribar la idea de que un maltratador no es obligatoriamente un mal padre: Lo es desde el momento en que hace daño a la madre”.

El viernes, un hombre en Moraña, Pontevedra, degolló a sus dos hijas de 4 y 9 años con una radial después de haber telefoneado a su esposa, de la que estaba separado, para contarle lo que iba a hacer según desveló ayer El País. La mujer se desmayó y cuando avisó a la Guardia Civil ya era demasiado tarde. El parricida tenía que entregar a las niñas al día siguiente a la madre después de pasar 14 días con ellas de vacaciones; la mayor debía haber tomado ayer la primera comunión. David Oubel, que así se llama el asesino, llegó en una ocasión a ponerle las manos en el cuello a Rocío Vieites y le amenazó con hacer daño a las hijas. El País añade que el incidente se puso en conocimiento de la Guardia Civil y aparece en los antecedentes de las diligencias que instruye el juzgado de Caldas que investiga los crímenes, así como otra denuncia de hace un año cuando intentó asfixiar a su médico de cabecera y se lo impidieron varios facultativos.

En la última década 26 menores han sido asesinados por su padre durante el régimen de visitas, 44 en total contando a los que mataron en presencia de la madre. El objetivo era hacer daño a la mujer donde más le duele, castigarla, romperla. Las cifras son escalofriantes. A pesar de las advertencias de jueces, abogados y expertos sobre la imperiosa necesidad de revisar la Ley de Violencia de Género que supuso un gran avance en el 2004, la táctica parece ser desde hace tiempo la de seguir escondiéndose detrás de las cortinas y no afrontar el problema. Lamentarlo mucho, claro que sí. Ay qué pena más grande, vamos a guardar todos un minuto de silencio y a condenar los hechos con pompa y gesto serio, pero mientras no se revise la Ley los jueces están atados de pies y manos. Le pasó a Ángela González en el 2003, le acaba de suceder a Rocío Vieites hace cuatro días. Y va a seguir pasando. Así que, señor ministro Rafael Catalá, además de sentirlo una barbaridad, haga algo. Ya.

Mientras todo esto sucedía, el señor Joaquín Leguina se dedicaba esta semana a destapar el tabú de las denuncias falsas de violencia de género. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado son de un 0,01 por ciento, pero bueno, que él lo pone en duda y además es estadista. En los últimos 10 años 800 mujeres han sido asesinadas en España víctimas de la violencia machista, 44 menores han muerto por disparos, ahogados, degollados, quemados, pero detrás de su cortina el señor Leguina divisa otros problemas que le preocupan más. Yo sigo viendo las pezuñas de las enormes patas. 

  • Comparteix